A dos días de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) dejó sin efecto el contrato de unos 8.300 funcionarios temporales, algunos directores de la Justicia Electoral comenzaron a pedir socorro. Cristina Muñoz (ANR), encargada de la Dirección de Registros Electorales, fue la primera en quejarse. “Con la falta de renovación de contratos, mi dirección es la más afectada. Hay oficinas del registro electoral que no pueden abrir. Las inscripciones en el Registro Cívico Permanente (RCP) se verán también perjudicadas”, advirtió la ex ministra de la Mujer.   

Otros altos funcionarios del TSJE, que prefirieron mantenerse en el anonimato, comentaron que varias dependencias administrativas se ven afectadas por la falta de funcionarios temporales.   

Contradictoriamente, el ministro electoral Juan Manuel Morales (ANR) dijo la semana pasada que los 8.300 contratados, cupos de la ANR, PLRA y Unace, hacen exclusivamente trabajos de inscripción en el RCP. Sin embargo, cuando la prensa dio a conocer el irrisorio promedio de inscripción que tenía cada recomendado (2 inscriptos por mes), el discurso del TSJE cambió. La institución argumentó que los recomendados políticos también hacen otras tareas y no todos están afectados en la campaña de inscripción.   

“Los contratados de la Justicia Electoral no están solamente dedicados a inscripción. Hay cientos que están por ejemplo en Identificaciones de la Policía Nacional, en el Registro Civil, en los tribunales de cada departamento del país, en los juzgados electorales, en las direcciones de Informática, Recurso Electorales, en Servicios Electorales. O sea, hay muchas áreas de la Justicia Electoral donde hay personas contratadas que no están  dedicadas a la inscripción”, dijo ayer Carlos María Ljubetic, asesor del TSJE, a varias emisoras radiales.

¿Y los nombrados?

El año pasado, el TSJE tenía 1.800 funcionarios nombrados (o permanentes) y en 2011 aumentaron a 2.200,  según nuestras fuentes. ¿Qué función desempeñan los de esta categoría, si los contratados (la mayoría operadores políticos) están en casi todas las oficinas y dependencias electorales, según las manifestaciones de Ljubetic?

Vergonzoso promedio

Los datos brindados  por la misma Justicia Electoral dan cuenta de que existe una súper población de contratados, que hasta el 31 de julio sumaban 8.300. Esto teniendo en cuenta que el mismo TSJE informó hace dos semanas que hasta finales de junio se había logrado inscribir a 112.710 personas en el Registro Cívico Permanente.  Es decir, que cada uno de los 8.300 contratados inscribió en promedio a solo 12 personas en seis meses (de enero a junio), dos por mes. Cada uno de los funcionarios contratados a pedido de  diputados, senadores y dirigentes cobran entre G. 900.000 y G. 2.500.000 por mes. El cupo total -que tiene cada parlamentario-  cuesta   G. 88.000 millones.